Noticias

El Nuevo Minambiente

La opinión pública ha recibido con beneplácito el proyecto del presidente Juan Manuel Santos de establecer un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la escisión del actual Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). El proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso separaría de la nueva cartera aquellas funciones que, como la de vivienda, acabaron por colocar en lugar marginal el propósito de proteger la biodiversidad del país.

Esa fue también la posición predominante surgida en el intenso diálogo que, sobre el futuro de la institucionalidad y la política ambiental, adelantaron seis de los ex ministros que han ocupado esa cartera, desde su creación en 1993 -Manuel Rodríguez, Cecilia López, José V. Mogollón, Juan Mayr, Cecilia Rodríguez y Carlos Costa-, el cual contó también con la participación de Margarita Marino, una de las pioneras del ambientalismo en Colombia, y de Sandra Bessudo, candidata a ser ministra del sector.

Los participantes señalaron unánimemente el imperativo de que el renacido Ministerio mantenga las competencias en materia de ordenamiento territorial, hoy en cabeza del MAVDT, que son instrumento esencial para buscar la protección de los ricos ecosistemas de Colombia. Se trataría, entre otras, de dotar al país de una autoridad pública independiente, con la capacidad de poner coto al anárquico crecimiento urbano, que está dejando a su paso irreversibles e innecesarios daños ecológicos y paisajísticos, como se tipifica en el caso de Bogotá y los municipios de la Sabana, que parecen estar siguiendo la lamentable senda de muchas de las grandes metrópolis del mundo, que hoy son invivibles.

Este diálogo sirvió de cierre del 'Seminario sobre gobernanza y gobernabilidad ambiental', convocado por el Congreso de Ciencias Ambientales y el Foro Nacional Ambiental y organizado por la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Los ex ministros se concentraron en muchos de los aportes realizados por la academia. Entre ellos se destacan los enormes problemas de la institucionalidad y la legislación minera, una especie de licencia para aniquilar el medio ambiente; los graves problemas de inequidad social e insostenibilidad ambiental del modelo agropecuario dominante; las falencias en materia de gestión de los recursos hídricos; la forma desordenada como se está adelantando la transformación de la Orinoquia, y las perturbadoras amenazas enfrentadas por la integridad cultural de las comunidades indígenas y negras y de sus territorios, donde se ubica gran parte del patrimonio ecológico del país.

Académicos y ex funcionarios coincidieron en la urgencia de adelantar diversas reformas sectoriales como condición necesaria para detener y revertir estas tendencias, con graves perjuicios para la riqueza en agua y biodiversidad con que aún cuenta el país. Además, pusieron de presente la necesidad de encauzar e incrementar las regalías mineras para la protección ambiental, previstas por la Constitución como una irrenunciable compensación a la sociedad por las profundas huellas dejadas por esta actividad.

El gobierno del presidente Santos parece estar dispuesto a emprender algunas de esas reformas, como se ha anunciado en los casos del agro, la ciencia y la tecnología, y el agua. Pero aún no hay luces ni sobre el destino minero-ambiental del país, ni sobre la forma en que el Gobierno enfrentará la tragedia que está viviendo buena parte de las minorías étnicas.

Quedó entonces claro que no solamente es prioritario dotar al país de un Ministerio del Ambiente fuerte, sino, también, asegurar que las pujantes locomotoras de la prosperidad económica tomen un acertado rumbo ambiental y social.

Editoriales. Opinión. eltiempo.com [en linea]. 3 de Septiembre 2010. Publicado en: http://www.eltiempo.com/opinion/forolectores/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7891834.html . Consultado el 21 de Septiembre de 2010

Leer Comentario

Comunidad Inga de Bogotá tiene nuevo Gobernador

Los ingas, que estrenan como gobernador a Víctor Jaime Tandioy Tandioy, provienen de Putumayo, Nariño y Caquetá, tierras que dejaron tras la llegada de los capuchinos y terratenientes de Nariño y Huila. Su economía se basa en el comercio de productos naturales, como la medicina tradicional y los tejidos de arte propio (artesanías), que venden de casa en casa o en el centro comercial Caravana. Según el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, son 528 y conforman 117 familias distribuidas en 11 localidades, con mayor concentración en Santa Fe y C. Bolívar.

El acto de posesión se realizó en el Salón Gonzalo Jiménez de Quesada, del Palacio de Liévano, y participaron el alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas; la Directora General del IDPAC, Olga Beatriz Gutiérrez Tobar; la concejala indígena de Bogotá, Ati Quigua; comunidad del Cabildo Inga; líderes y lideresas de los cabildos Yanacona, Misak y Pasto y funcionarios y servidoras públicas del Distrito, entre otros.

Por ser cabildos ajustados a la Ley 89 de 1990, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, sus gobernadores tienen un período de un año y no necesitan formalidad distinta a la de ser reconocidos ante la comunidad y asumir en presencia del Alcalde Mayor de la ciudad. Deben haber sido líderes, tener pensamiento y sentimiento indígena y respetar las tradiciones de su familia. Gobiernan con sus costumbres.

“Así es el gobierno indígena en Bogotá”
Por: Nathaly Martinez A.
Periódico “El Espectador”
14-Septiembre-2010